Caracas, 27 Ago. AVN.- El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, destacó este miércoles que los países que integran la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) están obligados a combatir la violación a los Derechos Humanos y a profundizar en la aplicación de políticas públicas que garanticen tales derechos, desde la democracia participativa.
"Estamos obligados a combatir la violación a los Derechos Humanos demostrando (a los sectores adversos de los pueblos y anteriores gobiernos represivos) que se puede sostener la democracia", subrayó este miércoles el Ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres.
Durante su intervención en el encuentro regional de los países miembros de la Unasur sobre el desarrollo de políticas públicas con perspectivas de derechos humanos y seguridad, que se lleva a cabo en la sede de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) en Caracas, Rodríguez Torres subrayó que "rechazamos toda forma de ataque, tortura o cualquier acción que vaya en contra de los derechos de la gente".
En este sentido, destacó la lucha del comandante Hugo Chávez por restituir el respeto a los derechos fundamentales de los venezolanos desde su proclamación como Presidente de la República, en 1999, y junto a ella, la nueva Constitución, que obliga a investigar, sancionar e indemnizar a quienes hayan sido víctimas de la violación de sus Derechos Humanos.
"Teníamos una constitución que era bastante indiferente en la aplicación real de políticas públicas relativas a los Derechos Humanos", dijo.
Explicó que durante la Cuarta República, "y el transcurso de esta democracia representativa, se vivieron experiencias muy puntuales que señalan con mucha claridad cuál era la cultura del Estado venezolano en esos tiempos con respectos a los Derechos Humanos".
Señaló que la extinta Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) "era un organismo al margen de la ley. Hacían y deshacían con los derechos los venezolanos. La Disip desapareció personas, torturó, aplicó y le quitó la vida a muchos venezolanos por razones fundamentalmente políticas".
"Contra esas cosas nos hemos revelado y contra eso hemos luchado (...). Hoy por hoy lo que fue la Disip y tras muchos años de trabajo para la transformación de la cultura organizacional de esta institución, e incluso un profundo proceso de reestructuración, tenemos un Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) muy distinto a lo que fue la Disip que despreciaba la vida del ser humano y hacían con ella lo que les parecía", expresó.
En contraposición, resaltó que "ningún funcionario hoy está autorizado, ni recibe órdenes de violar los Derechos Humanos a absolutamente nadie".
Destacó la actuación de los cuerpo de seguridad del Estado, durante las llamadas guarimbas que desarrollaron grupos violentos de la derecha durante tres meses en el país, con el fin de derrocar el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro, y que dejó a su paso más de 40 asesinatos, entre ellos, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
"Nosotros levantamos la guarimba. Tres meses de conspiración en la calle de una derecha extrema que quiere alcanzar el poder por la vía violenta, y lo hicimos respetando siempre al máximo los derechos humanos, y cuando un funcionario incurrió en alguna violación inmediatamente se procedió (ante la justicia). Tenemos varios funcionarios que están enjucidos por haber hecho uso de armas, por haber incurrido en maltrato a lo venezolanos", sostuvo.
A diferencia de esto, los gobiernos de la Cuarta República no esperaron para desenfundar sus armas en contra del pueblo venezolano.
Recordó el titular de Interior, Justicia y Paz la masacre de Cantaura en 1982, en la que el Gobierno de Luis Herrera Camping bombardeó con aviones de guerra y granadas la finca en la que 30 militantes de izquierda sostenían un encuentro, dando paso a la conocida masacre de Cantaura.
Del mismo modo, rememoró sobre la masacre de Yumare, sucedida bajo el Gobierno de Jaime Lusinchi el 8 de mayo de 1986. Nueve personas fueron asesinadas ese día, "bajo la figura de un supuesto encuentro con un grupo guerrillero, a quienes les colocaron uniformes y armaron, para luego torturar y sacarles toda la información (al grupo de izquierda).
Posteriormente, en 1988, ocurrió la masacre en El Amparo. Esta vez, las fuerzas del ejército mataron a 14 pescadores.
Rodríguez Torres también hizo mención a El Caracazo. Esta rebelión popular ocurrida el 27 y 28 de febrero de 1989 bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, quien decreto un conjunto de medidas económicas neoliberales en detrimento del pueblo, fue violentamente reprimida por las fuerzas públicas.
En 2004 se capturaron a 150 paramilitares colombianos que ingresaron ilegalmente al país, con la intención de asesinar al entonces presidente Hugo Chávez. Rodríguez Torres recordó que, para entonces, se desempeñaba como jefe de la Disip y que varios integrantes de este cuerpo le sugirieron asesinar a estos paramilitares; escenario que fue de inmediato descartado y se procedió judicialmente, respetando todos los derechos humanos de estas personas.
El ministro saludó el inicio del encuentro regional, que se extenderá por dos días, con el fin de "apuntalar , fortalecer, discutir, conocer las políticas públicas en materia de Derechos Humanos que venimos desarrollando en Venezuela y países hermanos de Unasur".
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