El
viernes 4 de julio, el presidente Ollanta Humala, acompañado del
gabinete de ministros, promulgó el Plan Nacional de Derechos
Humanos 2014 – 2016 (PNDDHH). El plan, de más de 140 páginas,
constituye una herramienta fundamental que determina los lineamientos a
seguir en materia de derechos humanos como eje transversal en los
diversos sectores de desarrollo del país. No se trata, o no debería
tratarse, de un documento elaborado únicamente desde el Ministerio de
Justicia, sino de un material que comprenda la participación de los
actores de diversos sectores de la sociedad civil, organizaciones,
especialistas, etc. El objetivo, sin embargo, no ha sido del todo
cumplido.
No
es el primer plan de derechos humanos. El anterior, con vigencia desde
el año 2005 hasta el 2011, constituyó también una herramienta
importante; sin embargo, diversos analistas coinciden en señalar que si
bien se trató de un primer paso necesario, el cumplimiento de lo ahí
planteado fue mínimo. En noviembre del año 2012, se elaboró la segunda
versión del PNDDHH, luego de un proceso largo de audiencias, consultas y
reuniones temáticas con especialistas, organizaciones sociales, civiles
y el ministerio de justicia. Dos años después y luego de las consultas
respectivas, se promulgó y se hizo de conocimiento público como el
instrumento rector en la materia. Sin embargo, como bien ha señalado
mediante un pronunciamiento la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
(CNDDHH), no se ha recogido de manera fiel los aportes de la
participación de los sectores antes mencionados. Del mismo modo, no se
cumple con la intención de elaborar un marco legal que pudiera definir
el camino de cumplimiento de múltiples derechos que aún son postergados.
No
obstante, más allá de la exclusión de varias voces en la elaboración
del plan, hay otros vacíos que preocupan. Es más, como ha señalado la
CNDDHH, el nuevo plan significa un retroceso respecto del anterior, el
cual, pese a no ser ideal, tenía una perspectiva más inclusiva y de
reconocimiento de los derechos humanos. Los vacíos son elocuentes. Por
un lado, se nota una política de invisibilización sistemática de ciertos
grupos vulnerables. Tal es el caso de la comunidad LGTBI (Lesbianas,
gays, transexuales, bisexuales e intersexuales) quienes han reclamado
con énfasis en las últimas semanas que si bien fueron incluidos en una
primera versión del plan, ahora han sido vergonzosamente retirados del
documento.
Otro
grupo vulnerable sobre el cual no se dice nada es el de trabajadoras
del hogar, sistemáticamente violentadas por el mismo Estado que se niega
a ratificar al Convenio 189 de la Organización Internacional del
Trabajo, asimismo se desconoce la promoción de los derechos sindicales,
lo cual ratifica la política gubernamental explicitada desde la
promulgación de la Ley Servir, en contra de la cual se han manifestado
reiteradas veces los trabajadores. Por otro lado, también se encuentra
silencio respecto de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación, ni se respeta lo avanzado en otros marcos legales que
tienen que ver con la institucionalización de los pueblos indígenas.
Si
bien en el primer plan había un conjunto de actividades importante, no
se lograban articular en una política coherente e integral. Además, no
se contaba con institucionalidad adecuada para su seguimiento ni, como
ahora, se contaba con el presupuesto necesario para su cumplimiento. En
el mismo sentido, otra de las grandes deficiencias del PNDDHH es no
establecer objetivos que puedan ser cuantificados, ni indicadores de
éxito para lo planteado. Por ello, lamentablemente, todo indica que se
trata de un documento bien intencionado, pero sin ninguna consecuencia
concreta.
No
obstante, lo más importante de resaltar respecto del plan no se
encuentra únicamente en los vacíos que son, finalmente, una consecuencia
de la ideología y visión de desarrollo sobre la cual se elabora este
documento. A lo largo del documento se evidencia una subordinación de
los derechos humanos respecto de un enfoque económico. Nuevamente, como
señala la CNDDHH, la persona humana no se encuentra como prioridad, sino
subordinada al crecimiento y “progreso económico” y de la libertad de
empresa. Este es, tal vez, el mayor riesgo en un documento como el
analizado. Mientras los derechos no sean protagonistas, sino secundarios
en una agenda de desarrollo, no se puede hablar ni de democracia ni de
bienestar para todos y todas. La invisibilización de grupos vulnerables y
la falta de objetivos cuantificables determinados, son la consecuencia
de esta ideología que, en buena cuenta, se conforma con la publicación
de una herramienta que, en la práctica, no traerá mayor beneficio que el
de tinta sobre papel. En suma, se trata de un plan decorativo.
http://alainet.org/active/75428&lang=es
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