Meses después de la rebelión militar del 4-F de 1992 un grupo de intelectuales nos reunimos en el Valle Grande de Mérida.
Conversación en el Valle Grande de Mérida. Meses después de la
rebelión militar del 4-F de 1992 un grupo de intelectuales nos reunimos
en el Valle Grande de Mérida. De allí salieron la iniciativa de
enjuiciamiento de Carlos Andrés Pérez, y propuestas de quien suscribe
para librarnos de la esclavitud de la deuda:
Contratación de la deuda. En toda futura operación de crédito público se debe:
Verificar que los fondos provenientes de ella serán efectivamente
aplicados en proyectos reproductivos, cuya factibilidad técnica se
encuentre objetivamente demostrada.
Privilegiar el recurso al mercado interno de capitales.
Desarrollar un sistema eficaz de planificación global, investigación y
centralización de información y controles de los endeudamientos de la
administración centralizada y de la descentralizada, para que tanto los
administradores como los legisladores dispongan de una información
pormenorizada, exacta y total para guiar sus decisiones en la materia.
Añadimos ahora que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia se
debe aceptar cláusulas infames que permitan al acreedor aumentar
unilateralmente las tasas de interés. Disposiciones de tal índole
permitieron triplicar y cuadruplicar en pocas décadas la carga de la
deuda de América Latina, sin un solo centavo de aporte adicional de los
prestamistas.
Convenios de lavado de deuda. La omisión por parte del Gobierno de
políticas acertadas de renegociación, condujo a acuerdos de
refinanciamiento suscritos -al igual que la deuda originaria- sin
consulta a la voluntad nacional. Por tal motivo, las camarillas de
negociadores pudieron firmar convenios de lavado de deuda -encomiados
como “el mejor refinanciamiento del mundo”- que legalizaron una deuda de
la cual más de la mitad había sido contraída ilegítimamente,
comprometieron la gestión financiera del país por más de cuatro décadas y
precipitaron la bancarrota fiscal que reveló la crisis del sistema. En
gran parte, el contenido de tales acuerdos y las magnitudes reales y
exactas de la deuda pública permanecen en secreto. En virtud de ello, es
indispensable:
Imponer políticas de transparencia y publicidad en cuanto al
verdadero monto de la deuda y los acuerdos relativos a la misma,
investigando y señalando las responsabilidades de los funcionarios que
han participado en las negociaciones, si tal fuere el caso.
Impugnar los acuerdos de refinanciamiento que contengan condiciones
lesivas al interés nacional y que no hayan cumplido el requisito de
aprobación por el Congreso previsto en la Constitución.
Estrategias contra la deuda. Para acercarnos a tales objetivos,
enfrentaremos la carga de la deuda con una estrategia múltiple, que
incluirá aumento de la producción, incremento de la recaudación fiscal y
una renegociación fundada en los lineamientos siguientes:
Consolidar bloques de deudores para imponer conjuntamente nuestras condiciones.
Revisar la legitimidad de las obligaciones contraídas en aquellos
casos en que no hayan sido relegitimadas en negociaciones posteriores.
Postergar el pago de los enriquecimientos ingresados sin cumplimiento de las formalidades legales necesarias.
Eventualmente, recomprar títulos de la deuda cuando estos presenten baja cotización.
Investigar y determinar las responsabilidades penales,
administrativas y civiles de los funcionarios que contrajeron deuda
pública en contravención de las disposiciones constitucionales y legales
pertinentes, y aplicar la sanción respectiva.
Ejercer una diplomacia dinámica en los organismos internacionales
para buscar solución política al problema de la deuda como única
alternativa a una situación de conflicto creciente y generalizado en el
Tercer Mundo.
Contra deuda eterna, estrategias perennes.
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