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Caracas, 22 Sep. AVN.- El agente del Estado venezolano en materia de derechos humanos, Germán Saltrón indicó, en entrevista concedida al diario Correo del Orinoco, que con la salida de nuestro país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pueblo venezolano no quedará desprotegido en materia de derechos humanos porque el país ha firmado 12 tratados y convenciones de Naciones Unidas en torno al tema.
"Hay dos sistema de protección internacional. El sistema interamericano regional y el Sistema Internacional, que es Naciones Unidas", acotó.
Asimismo refirió que la Constitución Bolivariana también es un instrumento de protección en cuanto a derechos humanos, porque tras la Constituyente de 1999, en ella se garantizan todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, e incluso se protegen los derechos de los pueblos indígenas y los derechos ambientales.
Recordó que el gobierno de Estados Unidos aporta el 90% del presupuesto de la Organización de Estados Americanos (OEA), que tiene su sede principal el Washington.
Sin embargo, en una clara contradicción, el país del norte no ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde los Estados integrantes de la OEA reafirman su compromiso de consolidar "un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre" indica el preámbulo de la Convención.
Este acuerdo internacional, suscrito por los países de la región, excepto por Estados Unidos y Canadá, define las atribuciones y procedimientos tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que juntas constituyen el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos de la OEA.
Venezuela, recientemente, anunció de manera formal su salida de la CIDH porque el organismo se había alejado de los "sagrados principios que están llamados a proteger, convirtiéndose en un arma política arrojadiza, destinada a minar la estabilidad de determinados gobiernos".
Esta decisión, que fue respaldada por la Asamblea Nacional del país, dejó libre al Estado venezolano "de la sujeción a tribunales foráneos a la cual la somete la Convención Americana de los Derechos Humanos" comentó Saltrón.
Saltrón indicó que la CIDH actúa como organismo instructor, es decir, recibe la denuncia del ciudadano, tramita y hace de intermediario entre el Estado y el peticionario.
"Si durante la tramitación considera que se ha violado algún principio de derechos humanos contemplado en la Convención Americana, entonces elevan el caso a la Corte, que es el verdadero tribunal" explicó.
En este punto se encuentra el vínculo entre el financiamiento y el proceder de las instituciones. Saltrón divulgó que el año pasado Estados Unidos entregó a la OEA, 56 millones de dólares, e indicó que la Corte, también es financiada por la OEA.
"Hay un control absoluto sobre esos dos organismo de derechos humanos. Por lo tanto, se produce una parcialización" puntualizó.
Debido al control ejercido por Washington sobre estas instituciones, que en teoría deberían velar por el pleno respeto a los derechos humanos, "los países que si son aliados de Estados Unidos, pueden hacer lo que les venga en gana, en cuanto a derechos humanos, y no son molestados".
Saltrón relata como la CIDH comenzó a operar en 1979 después que en América Latina habían pasado todos los regímenes dictatoriales militares de Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela, pese a que fue creada en 1948.
Según el experto, la tardanza para que el ente iniciara sus funciones se debió a que los dictadores de la región "estaban puestos por el gobierno de Estados Unidos, y quien dirige la OEA , es Estados Unidos".
El Caracazo como referencia
El 27 de febrero de 1989 en Caracas hubo un estallido social producto de medidas económicas en detrimento del pueblo venezolano, implementadas por el entonces presidente, Carlos Andrés Pérez.
El repudio a la política neoliberal de Pérez dejó un saldo de más de mil fallecidos, muchos de ellos a manos de las fuerzas armadas del Estado.
El caso tardaría cuatro años en llegar a la CIDH, tras la demanda introducida por la organización no gubernamental Cofavic, que asistía a las víctimas de los familiares de aquel hecho.
A la CIDH le tomó siete años llevar el caso a la Corte IDH. Finalmente ésta se pronunció, y Hugo Chávez, electo en 1999, asumió como jefe de Estado la responsabilidad de los hechos.
El agente venezolano calificó de inoperante a la OEA en cuanto a la defensa de la democracia porque el organismo "tarda mucho" en repudiar los golpes de Estado, tal como ocurrió en abril de 2002 contra el presidente Hugo Chávez.
"Lo condenó el 13 de abril, cuando Chávez retornó porque el pueblo y los militares patriotas tomaron Miraflores. Cuando vieron que efectivamente se caía el golpe, fue cuando sacaron el comunicado de prensa" indicó Saltrón.
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