El Consejo de Estado en Colombia aplazó para el próximo martes el debate sobre los 23 recursos de protección de derechos que suspendieron temporalmente la destitución e inhabilidad del alcalde Gustavo Petro decretados por la procuraduría.
El Tribunal tomó la decisión tras recibir el documento de más de 100 páginas presentado por el magistrado Adolfo Vargas con la exposición del caso, quien clasificó en tres grupos las acciones legales presentadas por los partidarios de la permanencia Petro en su puesto.
En primer lugar, se incluye 11 demandas relacionadas con la violación del procurador del derecho a elegir y a ser elegido, mientras que el segundo grupo lo integran las violaciones a lo estipulado por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, según la cual solo mediante una condena penal se pueden restringir los derechos de los funcionarios electos por voto popular.
La argumentación de Vargas es adversa a las pretensiones de los ciudadanos de revocar la sanción disciplinaria decretada contra Petro por la procuraduría el 9 de diciembre de 2013.
De ser aprobada esa conclusión por el Consejo de Estado, el dictamen se notificará al procurador general Alejandro Ordóñez y este lo hará llegar al presidente Juan Manuel Santos, quien dispondrá de 10 días hábiles para ejecutarlo.
Al término de ese plazo, que se cumpliría el 30 de marzo, si el mandatario suscribe el dictamen, el alcalde distrital deberá abandonar el cargo.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual Petro solicitó medidas de protección política, deberá pronunciarse al respecto.
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