Las críticas de las UBCH se centran en la corrupción, la burocracia y el clientelismo | Foto Archivo El Nacional
Desde Lara, el Frente Anticorrupción entregó a la dirección nacional una carta, en la que instan a investigar “nuevas riquezas”
En la mayoría de las 13.866 Unidades de Batalla Hugo Chávez han debatido sobre la corrupción en el gobierno, luego de analizar la coyuntura política y revisado los cambios en el programa, ideología y política internacional. En las asambleas de la UBCH de El Valle y Coche, y de Catia, en Caracas, por ejemplo, la principal exigencia a Miraflores es la constitución real del “control social” o contraloría social, ejercida por la militancia del PSUV, los ciudadanos y las instituciones del Estado.
Si bien el coordinador de los Círculos Bolivarianos, Rubén Mendoza, señaló que la Dirección Nacional del PSUV estableció una agenda y temas previos, surgen críticas, de manera transversal, sobre la corrupción, la burocracia, el clientelismo y cómo afectan al proceso revolucionario: “Las críticas más serias giran sobre el ‘dedismo’ o encumbramiento de dirigentes, con cargos en el gobierno. La imposición del dedazo y el derecho a ser ‘dedado’ (es decir, seleccionado como delegado) marcan las reuniones”.
Discutir lo importante. El 5 de junio, en el Teatro Catia, se reunió la dirigencia municipal del PSUV y acordaron que era necesario acabar con la corrupción y que el III Congreso debería incluirlo en la agenda.
Gonzalo Gómez, cofundador de Aporrea, investigador del Centro Internacional Miranda y de Marea Socialista, expuso la crisis y fallas en la economía y propuso debatir los problemas: “Tenemos un Estado con deformaciones burocráticas. Tiene que haber una contraloría social profunda, porque hay mucha corrupción y una casta que acumula capital. Tendríamos que hacer una limpieza porque no existen los mecanismos de contraloría social sobre manejo de recursos”. Acogió la idea de Manuel Sutherland de crear el “control estatal” de Comercio Exterior.
Hace 15 días, el exdiputado Rubén Morales introdujo una carta ante la dirección nacional del PSUV, en la que exige que las UBCH debatan el tema de la corrupción y lleven propuestas al III Congreso: “El clientelismo, la corrupción y la ineficiencia son ignorados; no se discuten. Un partido revolucionario no puede aceptar eso; los estatutos instan a combatir la corrupción, pero en Venezuela aumentó a pesar de ser partido de gobierno”.
Morales, coordinador del Frente Anticorrupción Venezuela en Positivo, escribió en la carta al primer vicepresidente Diosdado Cabello: “No se ha hecho ningún esfuerzo en el gobierno y Poder Ciudadano para investigar y sancionar a los responsables. La lucha contra la corrupción y la impunidad es una labor obligante para todo revolucionario. De hecho, el PSUV lo consagra en los estatutos pero quienes dirigen esta organización son los mismos altos funcionarios del gobierno, que han hecho letra muerta de los postulados. ¿Por qué la oligarquía gobernante se niega a reconocer el daño al patrimonio hecho por funcionarios, militantes o amigos del PSUV? Se ha promovido a la enésima potencia el culto a la impunidad”.
Proponen investigar y sancionar a Alejandro Andrade, Tobías Nobrega, Eudomar Carrullo (exdirectivo de Pdvsa), Balso Sansón (agente financiero, asesor de Pdvsa y cuñado Rafael Ramírez); Manuel Barroso, ex presidente de Cadivi; y los familiares de Luis Reyes Reyes (Belkis Reyes y su esposo Ismael Burgos); y al ex presidente de Hidrolara, José González.
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