sábado, 10 de mayo de 2014

Rodríguez Torres: Armas, drogas y dinero en campamentos desmantelados en Miranda + Video y fotos


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En la madrugada de este jueves se desalojaron cuatro campamentos que habían sido instalados en los municipios opositores Chacao y Baruta por estudiantes, durante este procedimiento fueron detenidas 243 personas y se incautaron grandes cantidades de dinero en moneda nacional y extranjera (dólares), así lo anunció  el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, desde el Destacamento N 5 de la Guardia Nacional Bolivariana
El titular de la cartera de Interior, Justicia y Paz, refirió que además se decomisaron tarjetas telefónicas, guantes para instalar guayas (con las que han degollado a motociclistas), artefactos pirotécnicos, radio, bombas molotov, morteros, bombas lacrimógenas, celulares, botellas de vidrio molido, clavos para atentar contra la vida de los funcionarios.
Igualmente, se decomisaron niples elaborados con pólvora,  azufre y otros elementos para generar explosivos y atentar contra  instalaciones públicas del Estado venezolano.

Indicó  que se localizaron equipos electrónicos que se someterán a experticias por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, “miguelitos”, máscaras antigas y otros instrumentos logísticos para alimentar las “protestas espontáneas”, las cuales dijo son planificadas y preparadas desde hace algún tiempo. Agregó que para el mantenimiento de los actos subversivos se distribuían drogas.
Rodríguez Torres comprobó ante la opinión pública, a través de un agente antidroga de la Guardia Nacional Bolivariana, la prueba que arrojó positivo “cocaína”, confirmando los estupefacientes que suministraban eran mantener las actividades de calle.
Dijo que el desalojo de los cuatro campamentos ubicados en Santa Fe, Avenida Francisco de Miranda – Altamira, Plaza Alfredo Sadel y Plaza Bolívar de Chacao, se produjo por las oportunas denuncias  de vecinos y familiares de los presuntos estudiantes que se mantenían en las carpas en modo de protesta.
“Ellos preocupados por las situaciones que ocurrían pasaban información”, dijo Rodríguez Torres, al tiempo que puntualizó que se colectaron las evidencias necesarias para el desalojo de las carpas, por lo que fue necesario y obligante el accionar del Estado venezolano,  ante la indiferencia del gobierno regional y locales de Miranda.
En las carpas se consiguieron niños, niñas y adolescentes de ambos sexos, quienes eran manipulados y utilizados, sin que se contara con la participación del consejo de protección a los menores de edad por parte de los mandatarios del estado Miranda.


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El Ministerio del Poder para Relaciones Interiores, Justicia y Paz en procura y con el interés supremo de preservar la identidad de los jóvenes, envió a los medios de comunicación social, fotografías que protegen los rostros de los detenidos en los campamentos de la avenida Francisco de Miranda – Altamira, Plaza Alfredo Sadel y Plaza Bolívar de Chacao.
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Por su parte, el director general de Actuación Procesal del Ministerio Público, Joel Espinoza, informó desde la sede del Comando Regional N° 5 de la Guardia Nacional Bolivariana, que entre los detenidos se encuentran 18 adolescentes: 12 varones y 5 hembras, una de ellas en estado de gravidez.
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Director general de Actuación Procesal del Ministerio Público, Joel Espinoza
Por tal razón, realizó un llamamiento a los padres de los jóvenes detenidos para que orienten a sus hijos, quienes estarían siendo manipulados para participar en este tipo de actividades.
Precisó que en dicho procedimiento participaron 15 fiscales del Ministerio Público con competencias en materias de Derechos Fundamentales, de Responsabilidad Penal del Adolescente y de Delitos Comunes, funcionarios que se encargarán de presentar ante los tribunales respectivos a los detenidos.
Además del director general de Actuación Procesal del Ministerio Público, la  fiscal superior del área metropolitana de Caracas, Marisela Lucena, coordina las diligencias de investigación y experticias que ordenaron el grupo de fiscales, a los fines de establecer las responsabilidades penales correspondientes.

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