Foto archivo
Caracas, 11 Abr. AVN.- El 11 de abril de
2002 se perpetró en Venezuela un golpe de Estado contra el gobierno
legítimo, democrático y popular del Presidente Hugo Chávez. Un grupo de
empresarios, apoyados por una cúpula sindical, una camarilla de
generales sin tropa y partidos de derecha, pretendió desconocer la
voluntad del pueblo y quebrantar el mandato de la Constitución
Bolivariana.
14 años después las fracciones partidistas envueltas en ese golpe, y en representación de las las élites económicas que apoyaron esa ruptura del hilo constitucional, aprueban leyes en el Parlamento con el propósito de desestabilizar el orden democrático del país y también para quedar absueltos del uso que hicieron de la violencia para intentar llegar al poder. No en vano, sancionaron una "ley de amnistía", que procura promover la impunidad en la escalada de violencia en la que ellos han participado desde 1999 (incluyendo el golpe) hasta la fecha.
Julio Borges, quien apoyó en el 2002 la disolución de todos los poderes públicos, es el actual jefe de la bancada de la derecha en el Parlamento. En aquel momento Borges se plegó al golpe como coordinador nacional del Primero Justicia, partido en el que milita y que tiene más de 30 curules en la Asamblea Nacional.
Otros de los partidos sumados al golpe fue Acción Democrática, cuyo secretario general, Henry Ramos Allup es el actual presidente del Parlamento. Allup confesó que una semana antes del golpe todos los partidos antichavistas conocían del decreto que disolvió los poderes públicos.
Con la denominada ley de amnistía, la misma derecha promotora del golpe busca legalizar la impunidad de sus actos de violencia. La propuesta legal fue elevada por el partido Un Nuevo Tiempo, partido del ex gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, quien también apoyó el golpe de Estado que derogó la constitución en abril de 2002 y a quien pretenden -con esa ley- librar de delitos por los cuales está acusado por la justicia venezolana. La solicitud estuvo a cargo de la dirigente de campaña electoral de Rosales en 2006 y hoy diputada Delsa Solórzano.
Los partidos promotores del golpe de 2002 además buscan, también con esa ley, dejar impune las acciones de violencia de 2014 en las que murieron 43 venezolanos y liberar a uno de sus promotores, Leopoldo López, quien como ex militante de Primero Justicia en el 2002 apoyó la ruptura del orden constitucional.
El propósito de la ley fue ratificado recientemente en una conversación telefónica entre el general de división retirado, Rafael Damiani Bustillos, también implicado en el golpe, y Therelsy Malavé, abogada del partido de López (Voluntad Popular).
En la conversación, divulgada en el programa televisivo del diputado Diosdado Cabello, Malavé aseguró que la ley tendrá artículos que beneficiarán a todos los actores de la derecha que han cometido delitos y violado la Constitución de la República desde 1999 hasta su entrada en vigencia.
Además de olvidar lo ocurrido antes, durante y después del golpe de 2002, entre los delitos que pretende perdonar destacan: conspiración contra la Carta Magna y contra el Gobierno legítimamente constituido, promoción a la guerra civil, corrupción, instigación a la violencia, asociación para delinquir, delitos relacionados con la posesión y tráfico de drogas; y otras acciones penalizadas por las leyes venezolanas.
La conspiración de la oposición en contra de la Revolución comenzó en 1998, cuando el presidente Chávez asumió el poder con el objetivo de impulsar las transformaciones democráticas necesarias para revertir el modelo de exclusión que por 40 años mantuvo el bipartidismo de Acción Democrática y Copei. Estos grupos hoy, junto a sus hijos políticos y otros partidos, conforman la autollamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Ese complot se mantiene vigente. A 14 años del golpe de Estado contra el Gobierno de Chávez, los mismos actores continúan promoviendo escenarios de desestabilización a través de métodos antidemocráticos, y, tras ocupar la mayoría circunstancial en el Parlamento en enero de este año, retomaron el camino andado con el mismo objetivo de 2002.
14 años después las fracciones partidistas envueltas en ese golpe, y en representación de las las élites económicas que apoyaron esa ruptura del hilo constitucional, aprueban leyes en el Parlamento con el propósito de desestabilizar el orden democrático del país y también para quedar absueltos del uso que hicieron de la violencia para intentar llegar al poder. No en vano, sancionaron una "ley de amnistía", que procura promover la impunidad en la escalada de violencia en la que ellos han participado desde 1999 (incluyendo el golpe) hasta la fecha.
Julio Borges, quien apoyó en el 2002 la disolución de todos los poderes públicos, es el actual jefe de la bancada de la derecha en el Parlamento. En aquel momento Borges se plegó al golpe como coordinador nacional del Primero Justicia, partido en el que milita y que tiene más de 30 curules en la Asamblea Nacional.
Otros de los partidos sumados al golpe fue Acción Democrática, cuyo secretario general, Henry Ramos Allup es el actual presidente del Parlamento. Allup confesó que una semana antes del golpe todos los partidos antichavistas conocían del decreto que disolvió los poderes públicos.
Con la denominada ley de amnistía, la misma derecha promotora del golpe busca legalizar la impunidad de sus actos de violencia. La propuesta legal fue elevada por el partido Un Nuevo Tiempo, partido del ex gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, quien también apoyó el golpe de Estado que derogó la constitución en abril de 2002 y a quien pretenden -con esa ley- librar de delitos por los cuales está acusado por la justicia venezolana. La solicitud estuvo a cargo de la dirigente de campaña electoral de Rosales en 2006 y hoy diputada Delsa Solórzano.
Los partidos promotores del golpe de 2002 además buscan, también con esa ley, dejar impune las acciones de violencia de 2014 en las que murieron 43 venezolanos y liberar a uno de sus promotores, Leopoldo López, quien como ex militante de Primero Justicia en el 2002 apoyó la ruptura del orden constitucional.
El propósito de la ley fue ratificado recientemente en una conversación telefónica entre el general de división retirado, Rafael Damiani Bustillos, también implicado en el golpe, y Therelsy Malavé, abogada del partido de López (Voluntad Popular).
En la conversación, divulgada en el programa televisivo del diputado Diosdado Cabello, Malavé aseguró que la ley tendrá artículos que beneficiarán a todos los actores de la derecha que han cometido delitos y violado la Constitución de la República desde 1999 hasta su entrada en vigencia.
Además de olvidar lo ocurrido antes, durante y después del golpe de 2002, entre los delitos que pretende perdonar destacan: conspiración contra la Carta Magna y contra el Gobierno legítimamente constituido, promoción a la guerra civil, corrupción, instigación a la violencia, asociación para delinquir, delitos relacionados con la posesión y tráfico de drogas; y otras acciones penalizadas por las leyes venezolanas.
La conspiración de la oposición en contra de la Revolución comenzó en 1998, cuando el presidente Chávez asumió el poder con el objetivo de impulsar las transformaciones democráticas necesarias para revertir el modelo de exclusión que por 40 años mantuvo el bipartidismo de Acción Democrática y Copei. Estos grupos hoy, junto a sus hijos políticos y otros partidos, conforman la autollamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Ese complot se mantiene vigente. A 14 años del golpe de Estado contra el Gobierno de Chávez, los mismos actores continúan promoviendo escenarios de desestabilización a través de métodos antidemocráticos, y, tras ocupar la mayoría circunstancial en el Parlamento en enero de este año, retomaron el camino andado con el mismo objetivo de 2002.
No hay comentarios:
Publicar un comentario