Caracas, 29 Oct. AVN.- El martes 29 de octubre se cumplen 25 años de la masacre de El Amparo, cuando un grupo de pescadores fue acribillado en Apure como parte de una operación criminal justificada en la falacia de un aparente éxito del gobierno de Jaime Lusinchi en la lucha anti guerrilla, que se suma a los crímenes cometidos por el puntofijismo en Venezuela.
La mañana del sábado 29 de octubre de 1988 un grupo de 13 pescadores salió de la población fronteriza de El Amparo, en el municipio Páez del estado Apure, para ir a pescar coporos en el caño Las Coloradas, a orillas del río Arauca. En el camino visitaron el fundo de José Mariano Torrealba, donde éste, su hijo José Gregorio y el señor Justo Mercado se les unieron para la faena.
Antes de partir José Mariano mandó preparar un sancocho para su regreso del caño. Los ahora 16 pescadores salieron en lancha en busca del pescado. Del viaje sólo dos sobrevivieron, el resto de los hombres nunca regresó.
El domingo 30 de octubre los periódicos destacaban en sus tapas la “versión oficial” de que 16 guerrilleros de la organización colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) fueron abatidos en la frontera con Colombia, en la zona de El Amparo, específicamente en el caño Las Coloradas.
La noticia también fue reiteradamente difundida a la opinión pública mediante avances informativos radiofónicos y los “extras” de la televisión comercial. Las agencias de prensa internacionales transmitieron el informe preliminar que ofreció el general Humberto Camejo Arias, comandante de la segunda división de infantería, desde la zona del suceso.
Detallaban las informaciones que la Operación Anguila III incautó a los presuntos irregulares material bélico, planos de una empresa petrolera en la zona y una lista con cinco nombres de personas que supuestamente iban a ser secuestradas por el grupo irregular.
Aunque siempre se habló de 16 guerrilleros, a la morgue del hospital de San Cristóbal llegaron únicamente 14 cadáveres.
Los sobrevivientes
Wolmer Pinilla fue convidado por José Indalecio Guerrero―quien tenía un importante “encargo” de pescado―para ir al caño Las Coloradas a pescar Coporo. Salieron a las 9:00 de la mañana con unas gallinas, papas y fideos para el sancocho en el fundo del señor Torrealba, donde antes de salir se pusieron a comer guayabas. Luego iniciaron el viaje en lancha hacia el caño.
“Nosotros íbamos llegando a una parte determinada del caño, no se había bajado nadie de la lancha, cuando sonaron los disparos y entonces alguien dice ‘¿qué es eso?’, ‘uy chamo, plomo’...”, dice la narración de Pinilla reseñada en el reportaje Informe sobre Masacre de El Amparo: Fueron culpables de salir a pescar, disponible en el sitio web Aporrea.org, donde cuenta que José Augusto Arias fue el primero que se zambulló en el río y al verlo se lanzó junto a él para emprender la huida a nado.
La edición del diario El Carabobeño del 1 de noviembre resalta el hecho de que Arias, de 35 años y Pinilla, de 26, se salvaron porque se tiraron al agua y nadaron río abajo para luego mantenerse ocultos durante varias horas.
Posteriormente caminaron en condiciones extremas a través del monte, lacerándose la piel de los brazos y manos. Con los pies inflamados lograron llegar al fundo Mata Larga desde donde enviaron un mensaje a El Amparo en busca de ayuda.
“Fue así como se les rescató y traslado a esta localidad a las tres de la tarde del domingo y quedaron en custodia en la sede policial frente a la cual la noche del domingo se sucedieron actitudes violentas cuando miembros de la Disip así como de la Guardia Nacional trataron de penetrar para llevárselos detenidos, pero el pueblo lo impidió”, dice la nota tituladaSepultados en El Amparo los 14 hombres abatidos, publicada por El Carabobeño.
Operación Anguila III
En Informe sobre masacre, se exponen detalles sobre el “encargo” de coporos que motivó la movilización de los pescadores al caño. Un día antes, el viernes 28, un supuesto amigo de José Indalecio Guerrero―recién llegado a El Amparo en enero de 1988―y conocido como el Señor Hipólito, se acercó a la casa de la madre de Guerrero para que le sacara varios pescados que había encargado para llevarlos a San Cristóbal.
“Mañana madrugan pa' hacerle el encargo al señor Hipólito”, fue la orden que dictó José Indalecio y motivó al grupo de hombres a organizar el viaje para la pesca, comentó Moira Guerrero, hija del pescador.
“Hipólito” era el alias utilizado por un inspector de la entonces Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), cuyo nombre verdadero era Celso Rincón Fuentes y que siempre le compraba todo el pescado a José Indalecio. “Mi papá le dijo que cuánta cantidad (de pescado) a lo que Hipólito respondió 'lo que tú puedas'...”, recuerda Moira de aquella conversación del viernes.
La Operación Anguila III fue organizada por el Comando Específico General en Jefe José Antonio Páez, también conocido como Cejap. Este comando dependía directamente del entonces presidente de la República Jaime Lusinchi y era comandado por el comisario Henry López Sisco.
En Gaceta Oficial número 33.838, publicada el 4 de noviembre de 1987, se detalla que el comando estaba integrado por efectivos y funcionarios de las Fuerzas Armadas, la Dirección General Sectorial de Inteligencia Militar (DIM), Disip, Dirección General Sectorial de Identificación y Extranjería (Diex), y Policía Técnica Judicial (PTJ).
El Cejap surge de un diagnóstico hecho por la Unidad de Programación Especial para el Desarrollo del Suroeste de Venezuela (Upesuroeste), adscrito al Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, donde se establece crear un “Plan operativo” para impulsar el desarrollo en el entonces Distrito Páez del estado Apure.
Según el diagnóstico en la zona hay tráfico de drogas, extorsión y secuestro a los productores de la región, criterio sobre el cual se estima una presencia nunca confirmada de guerrilleros colombianos.
"Permanecimos observando la llegada de una lancha que atracó y comenzaron a bajar de ella varios individuos armados los cuales comenzaron a desplazarse volteando hacia uno y otro lado, fue entonces cuando les di la voz de alto en forma muy rápida pero dos veces, a lo cual los individuos hicieron caso omiso y en su lugar comenzaron a disparar, respondimos de inmediato", relató el capitán de corbeta de la Armada, Alí Coromoto González, comandante de Anguila III.
No eran guerrilleros
“Diputado, le informa un vecino de El Amparo que los muertos no eran guerrilleros, sino pescadores de la zona y hay dos sobrevivientes que se han refugiado en la comandancia de la policía, el pueblo los protege”, fue la llamada que recibió el entonces diputado al Congreso de la República por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Walter Márquez, quien enseguida les ofreció protección.
Esta llamada es reseñada en el libro Víctimas de la democracia representativa en Venezuela de Raúl Zurita Daza, donde también narra que cerca de las 4:00 de la tarde del domingo fue cuando los dos sobrevivientes llegaron a la población de El Amparo para ser recibidos por casi mil personas.
Los lugareños los recibieron entre llantos para confirmar lo que ya se sabía por informaciones provenientes de la morgue de San Cristóbal, estado Táchira: el resto de sus compañeros habían sido masacrados.
El día lunes 31 en el pueblo los comercios no abrieron, tampoco hubo actividad en las escuelas, se entonó el Himno Nacional en varias oportunidades y el pabellón se izó a media asta. Todo el pueblo estaba de duelo. En la tarde los cadáveres fueron sepultados en fosa común en el cementerio.
Arias y Pinilla fueron trasladados a San Cristóbal en compañía de los fiscales 1ro. y 4to. del Ministerio Público, el diputado Walter Márquez, una comisión de la Policía Técnica Judicial y dos miembros del Comité Pro Defensa de los Derechos Humanos. De ahí en adelante no hubo cambio de suertes, quedaron a merced del sistema de justicia de aquella época.
Las víctimas de la masacre fueron José Indalecio Guerrero, de 51 años, Rigo José Araujo (36), Julio Pastor Ceballos (43), Carlos Antonio Eregua (19), Arin Obadías Maldonado (44), Moisés Antonio Blanco (24), Luis Alfredo Berríos (42), Emeterio Marino Vivas (34), Rafael Magín Moreno (45), Pedro Indalecio Mosqueda (32), José Mariano Torrealba (50), José Ramón Puerta García (30), José Gregorio Torrealba (22) y Justo Arsenio Mercado (39).
“Confiar en la justicia”
El martes 2 de noviembre el comandante Adán Araque Tovar, inspector de la policía de El Amparo consiguió en Las Coloradas las ropas ensangrentadas de los 14 pescadores asesinados. El grupo del Cejap despojó a los hombres de sus ropas y los vistieron con otra indumentaria y a su lado colocaron armas “recicladas”, informó el diputado Márquez, quien también afirmó que la operación estaba “fríamente calculada” desde días atrás, expresa la nota publicada por el diario El Mundo el 3 de noviembre.
Sin embargo, aunque hubo pruebas contundentes y se realizó la denuncia por parte de los dos sobrevivientes, el 14 de aquel mes el juez militar Ricardo Pérez dictó autos de detención contra Pinilla y Arias por supuesta rebelión militar, por lo que se ven obligados solicitar asilo a México.
Detalla el libro Cronología de una implosión: La década final de la IV República,publicado por el Ministerio para la Comunicación y la información, que en diciembre de 1988 el clero manifiesta su preocupación y el presidente Lusinchi les pide, en una carta dirigida al cardenal José Alí Lebrún, “confiar en la justicia”.
Después, a través de un recurso de casación intentado en el caso de los funcionarios que actuaron en la masacre, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordena a la Corte Marcial dictar un nuevo fallo sobre el caso.
En enero de 1989 los dos sobrevivientes fueron privados de libertad en el recinto judicial de Santa Ana, en Táchira, luego de su regreso de México, debido al auto de detención. El informe de la comisión del Congreso Nacional que investigó el caso, presidida por el diputado de Acción Democrática Ángel Zambrano, expresó que en El Amparo “no hubo enfrentamiento”.
El Consejo de Guerra revoca los autos de detención el 16 de enero y los sobrevivientes salen en libertad. Luego solicitan asilo en la embajada de la Santa Sede y la Arquidiócesis de Caracas accede en darles protección.
El día 6 de abril―ya gobernaba Carlos Andrés Pérez― la Corte Marcial ordena la libertad de los 19 funcionarios que acribillaron a los pescadores. Años después, en julio de 1998, en el gobierno de Rafael Caldera, esta misma corte absolvió a 15 funcionarios del delito de homicidio intencional por el caso de El Amparo.
“Por cuanto los hechos que originaron el proceso penal militar, actuaron en ejercicio legítimo de una autoridad o cargo en defensa de sus personas, circunstancia que les exime de pena”, dicta la sentencia.
Expediente abierto
Quienes se beneficiaron de la medida absolutoria fueron el capitán de corbeta (Ar.) Alí Coromoto González, el maestre técnico de primera (Ej.) Ernesto Morales “El Mono”, el sargento técnico de primera (Ej.) Omar Pérez Hudson, el sargento mayor de segunda (Ej.) Salvador Ortiz; el comisario general Andrés Román, el inspector jefe Celso Rincón, los inspectores Carlos Durán y Luis Villamizar, el subinspector Omar Márquez, el detective Tonny Urbina (Disip); el inspector jefe Edgar Mendoza, los subinspectores Jesús Rodríguez y Alfredo Montero, el sumariador jefe Gerardo Rugeles y el agente Daniel Vitanare, (PTJ).
Aunque los funcionarios implicados fueron acusados de homicidio intencional con pruebas suficientes por parte de los sobrevivientes y el Estado puntofijista asumió en 1996 su responsabilidad internacional de la masacre ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos―con el compromiso de pagar la indemnización correspondiente a los afectados (700 mil dólares) ― quedó pendiente la investigación y sanción sobre los responsables en la autoría material e intelectual.
Este año el Ministerio Público (MP) reabrió 139 expedientes relacionados con desapariciones, torturas y masacres ejecutadas por los gobiernos de la cuarta república para avanzar en las investigaciones.
En mayo de 2013 fueron juramentados en el Palacio Legislativo los integrantes de las ocho subcomisiones que conforman la Comisión por la Justicia y la Verdad, encargada de investigar sobre los crímenes, desapariciones, persecuciones y torturas que, por razones políticas, se cometieron en Venezuela entre los años 1958 y 1998.
Entre otras medidas dictadas por el MP, actualmente hay una orden de extradición de Henry López Sisco acusado de perpetrar las masacres de Cantaura (1982), Yumare (1986), El Amparo (1988) y el Caracazo (1989).
“Vamos a seguir solicitando las medidas necesarias e investigando para esclarecer estos hechos porque uno de los objetivos de la Comisión por la Justicia y la Verdad es el rescate de la memoria histórica", señaló la Fiscal General Luisa Ortega Díaz el pasado junio.
La masacre de El Amparo, crimen que buscaba demostrar una supuesta eficiencia por parte de las fuerzas del Estado puntofijista en la lucha contra la guerrilla, se suma a los hechos de Cantaura, Yumare y El Caracazo, muestras más notorias entre otros crímenes cometidos por la llamada democracia representativa que violó los derechos humanos en Venezuela.
