Opinión
Cuando en abril del 2016 fue publicada la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) sobre el bufete panameño Mossack Fonseca, quedó en evidencia algo que estuvo casi cuatro décadas: cómo operan los servicios offshore para las grandes empresas transnacionales y grandes fortunas, cómo gestionan, hacen registros, conducen y operan una entidad en un país extranjero a fin de obtener beneficios financieros, legales y fiscales.
Con los Panama Papers se reveló el entramado del opaco mundo offshore usado para evadir el pago de impuestos, esconder fortunas, entre otros actos ilícitos más, al cual el bufete panameño había contribuido con la apertura de 214.000 sociedades offshore para empresas transnacionales y personas físicas provenientes de países de todos los continentes. Casi todas las multinacionales que están en el ranking Fortune 500 y los 40 principales bancos del mundo, son parte fundamental de la cartera de clientes del bufete.
¿Y cómo se sustenta este entramado? Usando la figura de sociedades offshore que, bajo el amparo del secreto bancario, logran esconder quién o quiénes son los verdaderos dueños. Estas sociedades se crean en jurisdicciones opacas, mejor conocidas como Paraísos o Guaridas Fiscales, donde no se pagan impuestos o se pagan en muy poco porcentaje.
Se mueven a nivel global, en ese mundo oculto, entre 500 y 600 mil millones de dólares por actividades vinculadas al comercio internacional y cerca de 200 mil millones de dólares en activos financieros que provienen de la riqueza privada personal. Los Panama Papers empezaron a evidenciar que el proceso consiste en crear, supuestamente, en forma legal miles y miles de sociedades offshore, en jurisdicciones o países que no son los países de origen de los dueños de dichas sociedades.
¿Dónde se encuentran estos paraísos o guaridas fiscales? Hay un debate global sobre los criterios para determinar qué país es o no un paraíso fiscal. Diferentes instituciones multilaterales o países específicos tienen sus propias listas, de acuerdo con criterios diversos: bajos niveles de impuestos directos, transparencia institucional, si existe legislación que bloquee el intercambio de información, si los no residentes se benefician de rebajas impositivas sin tener actividad económica real, entre otros.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha venido reduciendo drásticamente su listado de paraísos, hasta llegar a considerar únicamente a dos; la Unión Europea tiene su propio listado (Black List) en el que ni siquiera aparece Suiza como paraíso fiscal. Con estas listas, ambas instituciones tratan de esconder una realidad que hoy ya no se puede ocultar: que son decenas de países o jurisdicciones las que hoy facilitan la existencia de sociedades offshore.
Otra filtración ha reforzado el conocimiento sobre cómo funcionan las sociedades offshore y las guaridas fiscales: los Papeles del Paraíso (Paradise Papers). Ahora ya no son sólo los bufetes de abogados los responsables de este tipo de estrategias, sino también grandes empresas consultoras que asesoran en conjunto con dichos bufetes la realización de una acción global de evasión fiscal.
Salen a relucir en los Paradise Papers el rol activo de las “Big Four” (Deloitte, KPMG, Ernst & Young, Price Waterhouse Coopers) como las grandes asesoras de las transnacionales y de las élites políticas y económicas que han escondido sus ganancias y patrimonios en las guaridas fiscales por medio de sociedades offshore.
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