Caracas, 27 Jul. AVN.- Venezuela ha anunciado su soberana voluntad de denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocido como Pacto de San José, ante la degradación de las instituciones que integran el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La denuncia de Venezuela implica su salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en San José de Costa Rica, mecanismo contemplado por la Convención para el cumplimiento de la misma.
El convenio interamericano fue suscrito en noviembre de 1969 por algunos de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Hasta la fecha ha sido firmado por 25 de los 35 naciones que conforman el organismo multilateral. Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, no suscribieron esta convención.
La Corte tiene como objetivo aplicar la Convención sobre aquellos países que firmaron el pacto.
Además de la Corte existe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) creada en 1959 e incluida en el Convenio del 69 antes mencionado. Esta tiene un ámbito de actuación sobre todos los Estados miembros de la OEA y otro ámbito de acción sólo sobre las naciones firmantes de la convención.
Durante los últimos años, tanto la Comisión (CIDH) como la Corte (CIDH) han intensificado sus ataques a los gobiernos progresistas de la región, como Ecuador, Bolivia, Argentina y Venezuela.
El gobierno ecuatoriano ha denunciado en reiteradas oportunidades el actuar de estos organismos, que defienden los Derechos Humanos sólo si los viola un Estado; excluyendo de su control a empresarios, transnacionales, terratenientes, entre otros entes nacionales con fuerte incidencia sobre el sistema político y la sociedad.
Además Ecuador ha señalado que estos organismos hacen caso omiso de derechos fundamentales de los ciudadanos como el derecho al trabajo, a la educación y a la tierra.
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, manifestó el pasado mes de mayo que la OEA y sus organismos, principalmente la CIDH y la Corte “han estado totalmente dominadas por la influencia de Estados Unidos y ha servido para intereses de política exterior de ese país".
Enfatizó que "históricamente la OEA ha servido como instrumento de política internacional de países hegemónicos. Como la llamó alguna vez (el ex presidente cubano) Fidel Castro, ha servido como ministerio de las colonias".
El escritor e historiador venezolano Luis Britto García ha señalado que tanto la Corte como la Comisión actúan “sólo para defender los derechos del capital. Nunca se pronunciaron contra la dictadura de los Somoza (en Nicaragua), pero sí condenaron a la Revolución Sandinista”.
Agregó que “cuando el presidente Hugo Chávez fue secuestrado por golpistas fascistas, la Comisión no movió un dedo para expedir una medida cautelar a su favor, a pesar de que se lo exigió la organización colombiana Minga. Nada hizo cuando el presidente Manuel Zelaya fue secuestrado. Cuando el presidente Rafael Correa fue secuestrado y balaceado por golpistas fascistas, tampoco movió un dedo”.
Financiamiento del Sistema Interamericano de DDHH
García señala que Estados Unidos aporta unos $44,2 millones a la OEA, más de la mitad del presupuesto de la misma.
Por su parte, Correa ha manifestado que particularmente la Comisión "se financia en un 96,5% a través de fondos externos, aportados específicamente por países que no han ratificado la Convención de Derechos Humanos de la OEA (como Estados Unidos), de Estados denominados 'Estados observadores' (principalmente forman parte de la Unión Europea) y de organismos y fundaciones de cooperación internacional".
A esto se le suman las denuncias sobre la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión, un tema muy sensible en los últimos años en la región luego de la llegada al poder de gobiernos progresistas, a los que se les aplica un trato diferenciado del resto de las relatorías de la CIDH, por contar con un financiamiento extraordinario.
De acuerdo a los documentos oficiales de la CIDH, de los Relatores que dirigen el trabajo del organismo solo la Relatora Especial para la Libertad de Expresión, que en este período es la colombiana Catalina Botero Marino, tiene salario pagado por la OEA.
El canciller ecuatoriano Ricardo Patiño ha manifestado que “en la práctica le dan más importancia” porque lo que defienden “no es el derecho de la libertad de expresión es el derecho al capital (...) es la defensa a los principales dueños de los medios de comunicación”.
La denuncia de Venezuela implica su salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en San José de Costa Rica, mecanismo contemplado por la Convención para el cumplimiento de la misma.
El convenio interamericano fue suscrito en noviembre de 1969 por algunos de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Hasta la fecha ha sido firmado por 25 de los 35 naciones que conforman el organismo multilateral. Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, no suscribieron esta convención.
La Corte tiene como objetivo aplicar la Convención sobre aquellos países que firmaron el pacto.
Además de la Corte existe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) creada en 1959 e incluida en el Convenio del 69 antes mencionado. Esta tiene un ámbito de actuación sobre todos los Estados miembros de la OEA y otro ámbito de acción sólo sobre las naciones firmantes de la convención.
Durante los últimos años, tanto la Comisión (CIDH) como la Corte (CIDH) han intensificado sus ataques a los gobiernos progresistas de la región, como Ecuador, Bolivia, Argentina y Venezuela.
El gobierno ecuatoriano ha denunciado en reiteradas oportunidades el actuar de estos organismos, que defienden los Derechos Humanos sólo si los viola un Estado; excluyendo de su control a empresarios, transnacionales, terratenientes, entre otros entes nacionales con fuerte incidencia sobre el sistema político y la sociedad.
Además Ecuador ha señalado que estos organismos hacen caso omiso de derechos fundamentales de los ciudadanos como el derecho al trabajo, a la educación y a la tierra.
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, manifestó el pasado mes de mayo que la OEA y sus organismos, principalmente la CIDH y la Corte “han estado totalmente dominadas por la influencia de Estados Unidos y ha servido para intereses de política exterior de ese país".
Enfatizó que "históricamente la OEA ha servido como instrumento de política internacional de países hegemónicos. Como la llamó alguna vez (el ex presidente cubano) Fidel Castro, ha servido como ministerio de las colonias".
El escritor e historiador venezolano Luis Britto García ha señalado que tanto la Corte como la Comisión actúan “sólo para defender los derechos del capital. Nunca se pronunciaron contra la dictadura de los Somoza (en Nicaragua), pero sí condenaron a la Revolución Sandinista”.
Agregó que “cuando el presidente Hugo Chávez fue secuestrado por golpistas fascistas, la Comisión no movió un dedo para expedir una medida cautelar a su favor, a pesar de que se lo exigió la organización colombiana Minga. Nada hizo cuando el presidente Manuel Zelaya fue secuestrado. Cuando el presidente Rafael Correa fue secuestrado y balaceado por golpistas fascistas, tampoco movió un dedo”.
Financiamiento del Sistema Interamericano de DDHH
García señala que Estados Unidos aporta unos $44,2 millones a la OEA, más de la mitad del presupuesto de la misma.
Por su parte, Correa ha manifestado que particularmente la Comisión "se financia en un 96,5% a través de fondos externos, aportados específicamente por países que no han ratificado la Convención de Derechos Humanos de la OEA (como Estados Unidos), de Estados denominados 'Estados observadores' (principalmente forman parte de la Unión Europea) y de organismos y fundaciones de cooperación internacional".
A esto se le suman las denuncias sobre la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión, un tema muy sensible en los últimos años en la región luego de la llegada al poder de gobiernos progresistas, a los que se les aplica un trato diferenciado del resto de las relatorías de la CIDH, por contar con un financiamiento extraordinario.
De acuerdo a los documentos oficiales de la CIDH, de los Relatores que dirigen el trabajo del organismo solo la Relatora Especial para la Libertad de Expresión, que en este período es la colombiana Catalina Botero Marino, tiene salario pagado por la OEA.
El canciller ecuatoriano Ricardo Patiño ha manifestado que “en la práctica le dan más importancia” porque lo que defienden “no es el derecho de la libertad de expresión es el derecho al capital (...) es la defensa a los principales dueños de los medios de comunicación”.
