La Fiscalía solicitó juicio para los exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional
Según
testimonios, los “equipos pinchadores” -desaparecidos tras la derrota
electoral del candidato presidencial de Cambio Democrático en mayo de
2014- fueron a parar a uno de los supermercados 99 propiedad del
exmandatario, en los que no se practicó ninguna diligencia.
Esa deficiencia de la Fiscalía fue calificada de sospechosa por el abogado Miguel Antonio Bernal, una de las 150 víctimas de las interceptaciones ilegales, al tiempo que solicitó la ampliación de la pesquisa.
Hasta el momento, la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada solo solicitó juicio para los exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, y los exfuncionarios de ese organismo Ronny Rodríguez y William Pittí, actualmente prófugos de la justicia.
Sin embargo, no existe ningún señalamiento contra Martinelli ni contra Julio Moltó, bajo cuya administración en el CSN se compraron los equipos de espionaje, precisa Bernal, para quien este hecho causa cierta suspicacia.
A juicio del también profesor universitario, la Fiscalía actuó con celeridad al remitir el expediente al Ôrgano Judicial sin inspeccionar los Súper 99 ni preguntar a sus responsables si en ellos estuvieron esos aparatos.
Ángel Álvarez, abogado de la diputada del Partido Revolucionario Democrático Zulay Rodríguez, otra de las espiadas, alegó que solicitará una ampliación de las indagaciones ya que, a su juicio, no fueron satisfactorias.
“En una investigación, la Fiscalía debe revisar todos los indicios y buscar las pruebas que acrediten la comisión de un hecho punible, y en este caso no se cumplió”, argumentó.
De acuerdo con los agentes del CSN Julio Graell y Javier Quiroz, antes de llegar al supermercado, las “máquinas pinchadoras” pasaron por la Presidencia de la República donde Ronny Rodríguez habló con el entonces director del Sistema de Protección Institucional Jaime Trujillo; antes jefe de seguridad del 99.
La diputada independiente Ana Matilde Gómez, considera esta prueba de vital importancia en el caso, y afirmó que mientras estos equipos no sean localizados todos estamos en riesgo de ser escuchados por personas sin escrúpulos como estas.
Una fuente del Ministerio Público dijo que realizar esa diligencia hubiera provocado la nulidad del proceso judicial, en tanto nada relacionado con Martinelli es competencia de esa instrucción, ya que se se trata de una investigación muy especializada.
Por lo pronto, la audiencia preliminar para los imputados está fijada a partir del 17 de agosto venidero.
Prensa Latina
Esa deficiencia de la Fiscalía fue calificada de sospechosa por el abogado Miguel Antonio Bernal, una de las 150 víctimas de las interceptaciones ilegales, al tiempo que solicitó la ampliación de la pesquisa.
Hasta el momento, la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada solo solicitó juicio para los exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, y los exfuncionarios de ese organismo Ronny Rodríguez y William Pittí, actualmente prófugos de la justicia.
Sin embargo, no existe ningún señalamiento contra Martinelli ni contra Julio Moltó, bajo cuya administración en el CSN se compraron los equipos de espionaje, precisa Bernal, para quien este hecho causa cierta suspicacia.
A juicio del también profesor universitario, la Fiscalía actuó con celeridad al remitir el expediente al Ôrgano Judicial sin inspeccionar los Súper 99 ni preguntar a sus responsables si en ellos estuvieron esos aparatos.
Ángel Álvarez, abogado de la diputada del Partido Revolucionario Democrático Zulay Rodríguez, otra de las espiadas, alegó que solicitará una ampliación de las indagaciones ya que, a su juicio, no fueron satisfactorias.
“En una investigación, la Fiscalía debe revisar todos los indicios y buscar las pruebas que acrediten la comisión de un hecho punible, y en este caso no se cumplió”, argumentó.
De acuerdo con los agentes del CSN Julio Graell y Javier Quiroz, antes de llegar al supermercado, las “máquinas pinchadoras” pasaron por la Presidencia de la República donde Ronny Rodríguez habló con el entonces director del Sistema de Protección Institucional Jaime Trujillo; antes jefe de seguridad del 99.
La diputada independiente Ana Matilde Gómez, considera esta prueba de vital importancia en el caso, y afirmó que mientras estos equipos no sean localizados todos estamos en riesgo de ser escuchados por personas sin escrúpulos como estas.
Una fuente del Ministerio Público dijo que realizar esa diligencia hubiera provocado la nulidad del proceso judicial, en tanto nada relacionado con Martinelli es competencia de esa instrucción, ya que se se trata de una investigación muy especializada.
Por lo pronto, la audiencia preliminar para los imputados está fijada a partir del 17 de agosto venidero.
Prensa Latina
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