Tras la tragedia de Amuay, un grupo de personas piden la destitución del presidente de Pdvsa y Ministro de Miería y Petróleo, Rafael Ramírez y otros que Chávez renuncie.
El país entero lamenta la pérdida de seres humanos a consecuencia de la explosión que tuvo lugar en la refinería Amuay, pero más desconcertante ha resultado la actitud de personeros de la oposición venezolana, quienes sin tener pruebas y mucho menos moral, emiten juicios y condenas
Durante la cuarta república se sucintaron dos tragedias de gran magnitud consideradas las más grandes ocurridas en el país.
En aquel momento los medios de comunicación hicieron la cobertura de los hechos cuidando de no emitir juicios de valor, resétando el equilibrio informativo, en aras de la veracidad de la información. Hoy tras la tragedia de Amuay, los medios se han abrogado el papel de jueces y partes, no solo acusando, condenando.
Este comportamiento de los medios de comunicación privados no es tan fuera de lo común, ya que desde que se perfilaba el triunfo de Hugo Chávez a la presidencia en el año 1998, los medios han ido tomando paulatinamente el rol de los partidos políticos, dado que éstos perdieron toda credibilidad a lo largo de los 40 años de la mal llamada “era democrática” de los gobiernos adecos-copeyanos.
Vallamos a la historia
19 de diciembre de 1982, durante el gobierno del copeyano Luis Herrera Campins, ocurrió el peor desastre industrial jamás vivido en Venezuela, originado por un incendio en la planta de generación eléctrica Ricardo Zuloaga (mejor conocida como Tacoa y hoy llamada Josefa Joaquina Sánchez), ubicada en el sector Arrecifes del estado Vargas
Ese día en la mañana, antes de que el barco petrolero Murachí descargara 15 mil litros de combustible para la activación de la planta, un trabajador del complejo abrió uno de los accesos porque notó un punto sobrecalentado. La abertura produjo la entrada de aire y de inmediato se desató una enorme bola de fuego que alcanzó el tanque número 8. Pero, por si eso fuera poco, después de esa trágica explosión inicial, que acabó con varias vidas, cuando se creía que el peligro estaba controlado, al mediodía, se produjo un segundo estallido que dejó el mayor saldo de fallecidos. En total murieron 260 personas entre obreros y técnicos de la planta, bomberos y profesionales de la comunicación que reportaban lo sucedido desde la mañana.
23 de septiembre de 1993, una excavadora de la corporación Abengoa se encontraba realizando a un costado de la autopista la perforación e instalación de los ductos para cables de fibra óptica de la empresa CANTV y por accidente impactó un gasoducto, ocasionado una explosión de gran magnitud, que llegó a pulverizar en el acto a más de 50 personas, sin contar las 70 que quedaron lesionadas, a causa de la onda expansiva y el posterior incendio.
CANTV pertenecía a la empresa de telecomunicaciones norte americana AT&T y la empresa Abengoa es una prestigiosa transnacional española de ingeniería, PDVSA de la cuarta república, es la eficiencia pura, no se dedica a la política, solo se ocupa de su negocio.
La empresa Abengoa alegó que las tuberías, de gas de PDVSA no cumplían con las normas en cuanto a la profundidad. Lo que dejó al descubierto un trabajo mal ejecutado por PDVSA.
A pesar que CANTV, anuncio públicamente, que iba a tender la fibra óptica, siendo un hecho público y notorio, que la máquina, se dirigía, por esa ruta, ningún funcionario de PDVSA, responsable de esos gasoductos, nunca advirtió o le exigió a la empresa Abengoa, que se abstuviera de realizar esos trabajos sobre el gasoducto.
El ataque
Con el mayor cinismo y con apoyo de los medios de comunicación privados, José Toro Hardy, un economista que estuvo en la junta de la empresa petrolera desde 1993 hasta 1998, declaró que la tragedia de Amuay se debía a que en el año 2002, el gobierno de Chávez expulsó a los profesionales y técnicos que tenían el conocimiento para manejar la industria petrolera.
Toro Hardy no menciona que esas personas no fueron expulsadas, ellas se ausentaron sin justificación alguna de sus puestos de trabajo, poniendo en peligro la totalidad de las operaciones en todas las plantas a nivel nacional. La Ley establece como justificativo de destitución inmediata la ausencia de una persona por tres días consecutivos de forma injustificada, pues estas personas no se ausentaron tres días, ni tres semanas, se ausentaron por los meses que duró el sabotaje a la industria petrolera, tres meses.
Luis Giusti, otros de los personeros que ha hechos declaraciones en contra de las políticas petroleras del Gobierno Bolivariano, fue vicepresidente de Maraven 1993 y luego entre 1993 y 1999 fue presidente de PDVSA.
Cabe preguntarle al señor José Toro Hardy, ¿por qué no evitó la tragedia de Tejerías, ya que era Director de PDVSA? Ya que según él (en declaraciones recientes) dijo que estos eventos no ocurrían en la antigua empresa petrolera cuando él era directivo. Igualmente al ciudadano Luis Giusti valdría la pena que respondiera ¿por qué no evitó esta tragedia, si era Presidente de PDVSA?
Es fácil pescar en rio revuelto, es sencillo emitir juicio desde la comodidad de una poltrona, desde un set de televisión o cabina de radio, para tratar de echar por tierra los avances alcanzados por los venezolanos y venezolanas con el Gobierno Bolivariano, a través la democracia participativa y protagónica.
lea también:
No hay comentarios:
Publicar un comentario