La ley para el blanqueo de capitales que impulsa el gobierno argentino avanzó en el Congreso donde obtuvo este jueves la aprobación de la Cámara de Diputados por amplia mayoría.
El proyecto, que debatirá el Senado desde la semana próxima, abre la puerta al blanqueo de capitales, aunque sin forzar su repatriación.
La ley se aprobó en la madrugada de este jueves tras más de quince horas de debate por 162 votos a favor, 76 en contra y tres abstenciones.
El presidente Maurico Macri y varios miembros de su gobierno admitieron tener sumas millonarias en cuentas en el exterior, entre ellos el titular de Banco Nación, el mayor banco estatal, Carlos Melconian, quien admitió tener unos 4, 7 millones de dólares.
Sin embargo, el proyecto que aprobó la Cámara de Diputados impide que ingresen al blanqueo funcionarios o exfuncionarios que hayan formado parte del gobierno desde 2010, así como legisladores y miembros del poder judicial. Tampoco sus padres, hijos, conyuges o convivientes.
La agencia de recaudación fiscal y el Banco Central estiman que hay unos 400.000 millones de dólares de argentinos depositados en cuentas de bancos de países desarrollados o en paraísos tributarios.
El gobierno de Macri dio marcha atrás en su intención de incluir en la ley un polémico artículo que impedía divulgar información sobre personas que admitan que han tenido dinero en el exterior.
El artículo penaba con prisión a funcionarios, jueces o periodistas que divulgaran datos de personas o empresas que acepten exteriorizar sus capitales fugados. Legisladores de la oposición reclamaron eliminar ese artículo.
Macri es uno de los involucrados en forma directa al haber anunciado que traerá de vuelta a Argentina más de un millón de dólares que tiene depositados en el paraíso fiscal de Bahamas.
El mandatario argentino es una de las centenares de personalidades del mundo que figura al frente de sociedades 'offshore' en los 'Panama Papers', una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.
En el mismo paquete se aprobó declarar la emergencia en ligitiosidad previsional por la que se busca saldar miles de reclamos judiciales por jubilaciones mal liquidadas.
El dinero para el pago de estos millonarios jucios se espera obtener en parte del blanqueo de capitales y de la venta de parte de las acciones que tiene el Estado en empresas privadas y cuya renta servía para alimentar las arcas de la administración nacional de jubilaciones y pensiones (Anses).
Se estableció sin embargo que la Anses mantendrá un piso de al menos 7% de su paquete accionario.
También se aprobó un cronograma para devolver a las provincias el 15% de los impuestos coparticipables que se les retenía para contribuir a la financiación de la Anses.
La ley establece una pensión a la vejez para mayores de 65 años sin haber jubilatorio y la eximición impositiva para el medio aguinaldo que perciben trabajadores registrados este mes, medida reclamada por sindicatos y que apunta a reactivar el alicaído mercado interno.
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