Es importante que los venezolanos sepan que estas decisiones son decisiones de los órganos de justicia, que no es el gobierno el que ordena detener a nadie”, recalcó el titular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz
Los órganos de justicia del Estado venezolano tomaron medidas contra los alcaldes de San Diego (Carabobo), Vicencio Scarano Spisso, y de San Cristóbal (Táchira), Daniel Ceballos, para proteger los derechos de las mayorías, así lo aclaró el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres.
“Es importante que los venezolanos sepan que estas decisiones son decisiones de los órganos de justicia, que no es el Gobierno el que ordena detener a nadie”, recalcó el alto funcionario durante una rueda de prensa transmitida por Venezolana de Televisión.
Sobre el caso del alcalde del municipio San Diego, Vicencio Scarano Spisso y de Salvatore Lucchese Scaletta, director general de la Policía de la misma localidad, Rodríguez Torres señaló que ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fue tramitado un amparo constitucional por un grupo privado conformado por 14 organizaciones que interponen la acción judicial para la defensa de los derechos de la población.
Explicó que la acción judicial fue introducida contra ambas autoridades locales “por la omisión de acciones tendentes a prevenir desórdenes públicos dentro del municipio San Diego de Carabobo, específicamente en el distribuidor San Diego y en las urbanizaciones cercanas, lo que ha generado la patente de corso para que personas violentas realicen trancas y cierres que conlleven a que se haya atentado” y se siga atentando contra el derecho al libre tránsito.
También busca que se garantice el derecho a la vida, a la alimentación, y contar con un adecuado abastecimiento de servicios y productos. Agregó que el amparo fue introducido ante el TSJ y este organismo lo recibe invocando la protección de derechos e intereses colectivos y difusos a la población venezolana.
“El TSJ admite el amparo y emite la obligación que tiene el alcalde recoger los escombros, aperturar la vialidad, mantener las vías despejadas, emplear sus cuerpos de policías en acciones preventivas para que no se vuelva a armar este tipo de barricadas, cosa que el alcalde se negó u omitió en el cumplimiento de sus deberes”, sostuvo.
Ante los hechos, la máxima instancia judicial emitió la orden de captura y en este momento Scarano y Lucchese Scaletta cumplen su condena en la Cárcel Militar de Ramo Verde, prosiguió Rodríguez Torres.
CASO DE DANIEL CEBALLOS
Sobre la detención del alcalde del municipio San Cristóbal en Táchira, Daniel Ceballos, el ministro comentó que la vía de acción se produjo a través del tribunal tercero de esa localidad, donde fueron introducidas más de siete denuncias de ciudadanos de esa entidad fronteriza en contra de la omisión de las funciones del burgomaestre.
Ls ciudadanos también realizan la denuncia “contra las acciones que dirigía el alcalde para cerrar vías, para no recoger la basura, que sometieron o han sometido por muchos días a grupos de ciudadanos de San Cristóbal a los malos olores y a los peligros de una epidemia (…) La inacción de la policía municipal ante el armado de mas de 60 barricadas en la ciudad”, precisó.
Expuso que el tribunal tercero una vez que recibe la denuncia, el Ministerio Público solicita la captura del ciudadano Daniel Ceballos y se procede de inmediato a su captura y en la actualidad se encuentra recluido en la Cárcel Militar de Ramo Verde.
“Lo importante es que los venezolanos entiendan que los órganos del Estado, y en este caso ya no el Gobierno, actúan para proteger el derecho de las mayorías y no para proteger el derecho de un pequeño grupo, que pretende bajo la excusa del derecho a la protesta enturbiar la vida de los venezolanos y golpear la gobernabilidad necesaria en el país”, concluyó.
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