viernes, 6 de mayo de 2016

Rousseff: cargos en mi contra no tienen base

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> El abogado defensor de la mandataria informó que solicitará al Supremo Tribunal Federal la anulación del proceso de juicio político
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, afirmó ayer que un juicio en su contra no puede llevarse a cabo solo por un recelo político de la derecha de ir en contra de los 54 millones de ciudadanos que votaron a su favor.
En entrevista para Telesur con el periodista Ernesto Villegas, la mandataria recordó que para que se proceda al impeachment es necesario que haya un delito de responsabilidad y una base jurídica porque los cargos que intentan imputarle no tienen base para alejar a un jefe de Gobierno de su cargo.
“No me están acusando de un delito de corrupción porque no lo he cometido, no tengo cuentas bancarias en el extranjero, no tengo procesos contra mí por haberme aprovechado o haber sacado ventaja de cualquier aspecto del Gobierno, se trata de una discusión sobre cuentas públicas, sobre administración presupuestaria, y este tipo de administración no es base para alejar a un presidente de la República de su condición de jefe del Ejecutivo”, argumentó.
La mandataria brasileña aseguró que luchará para que el golpe en su contra no se consume. “Nosotros aceptamos la democracia y sus reglas y vamos a luchar dentro de estas reglas”, enfatizó.
Rousseff hizo énfasis en que las élites de la región están sustituyendo los métodos de guerra, en las que se usaban las armas, por otros tipos de golpes, reseñó Telesur.
Pedirán anular juicio
El abogado general de la Unión José Eduardo Cardozo anunció ayer, ante una comisión de senadores, que solicitará al Supremo Tribunal Federal (STF) la anulación del proceso de juicio político en curso contra Rousseff.
La solicitud se sustentará en la decisión del ministro del STF Teori Zavascki, quien dispuso ayer la suspensión del presidente del titular de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, por presuntos hechos de corrupción. Este personaje fue uno de los principales promotores del juicio político contra la mandataria, publicó Prensa Latina.
Es indiscutible que Cunha incurrió en desvío de poder y ejerció su cargo para finalidades ajenas a su función, como lo muestra con claridad la resolución del Supremo, sostuvo Cardozo ante el colegiado senatorial encargado de analizar el pedido de impeachment.
Por otra parte, rechazó el informe del relator Antonio Anastasia, del opositor partido de la Social Democracia brasileña quien el miércoles se pronunció a favor de someter a un juicio político a Rousseff.
El abogado defensor de Rousseff señaló que el documento –favorable a la apertura del proceso de destitución– tiene ánimos manifiestamente condenatorios. Reiteró también que, en oposición a lo manifestado por Anastasia, la denuncia presentada contra la jefa de Estado por presunto crimen de responsabilidad es inepta, pues no prueba que haya cometido actos condenatorios y menos aún que los realizara con dolo.
Asimismo, manifestó que las razones que dieron los parlamentarios en la Cámara de Diputados para aprobar el juicio político contra la Mandataria “no tenían nada que ver con el proceso”.
Señaló que lo que se hizo en esa instancia no fue razonable porque los diputados anunciaron previamente la opción por la que votarían, lo que es considerado una violación del proceso legal.
Brasileños contra el golpe
El Frente Popular Brasil y el Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación llamaron a los simpatizantes de Rousseff a protestar contra la monopolización de los medios en el país, reseñó Telesur. Las movilizaciones fueron convocadas por el Frente Popular Brasil y el Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación, que denominaron a la actividad de protesta como “monopolio es golpe”.
Destacaron que es más que evidente la participación de los medios de comunicación en la construcción y defensa de los procedimientos de juicio político contra Dilma Rousseff.
Michel Temer pagará multa
El vicepresidente de Brasil, Michel Temer, fue condenado el martes por el Tribunal Regional Electoral a pagar una multa de 80 mil reales por haber realizado en 2014 donaciones a campañas electorales por un valor más alto que el permitido por la ley. Sin embargo, eso no le impediría asumir la Presidencia de la República en caso de que la actual presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, sea destituida, pues Temer fue elegido vicepresidente en 2014 y la ley no se aplica a mandatos actuales, reseñó ayer Hispantv.
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Senadores con Lula
Representantes del Partido de los Trabajadores (PT), en el Senado de Brasil, ratificaron su irrestricto apoyo al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, tras ser víctima de una nueva investigación del Ministerio Público Federal (MPF), publicó ayer Telesur.
La solicitud realizada ante el Supremo Tribunal Federal (STF), de la mano del procurador general brasileño Rodrigo Janot, realizada el reciente 28 de abril, se hizo pública el martes donde se pide incluir en la investigación al exjefe de Estado por su supuesta responsabilidad en los desvíos en la petrolera estatal Petrobras. Según los legisladores de la bancada de izquierda PT, tal solicitud se basa apenas en hipótesis, deducciones y suposiciones derivadas de acciones anteriores del propio MPF. El texto reitera que “como ya fue dicho y repetido decenas de veces, el expresidente Lula no participó ni directa ni indirectamente de cualquiera de los hechos investigados en la operación anticorrupción Lava Jato”.
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Suspendido presidente de la Cámara de Diputados
El juez del Tribunal Supremo Federal de Brasil, Teori Zavascki, aceptó un requerimiento presentado por el fiscal general del país y suspendió el mandato de Eduardo Cunha por acusaciones de intimidar a congresistas y obstruir las investigaciones en su contra.
“Con base en lo anterior, concedo la medida solicitada y determino la suspensión del demandado Eduardo Cosentino da Cunha de su puesto de diputado federal y, en consecuencia, del papel de presidente de la Cámara de Diputados”, reza la decisión, publicó ayer sputniknews.com.
La decisión de Zavascki se basó en la denuncia de 11 puntos elaborada por el fiscal general de la República, Rodrigo Janot, y supone además la pérdida del mandato como diputado federal por el Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) quedando así sin la protección del foro privilegiado y pudiendo ser procesado por los múltiples cargos que acumula.
Entre otras cuestiones, Janot explicó en su denuncia del mes de diciembre que Cunha hizo uso de maniobras ilícitas para presionar el pago de sobornos al empresario Julio Camargo, del grupo Mitsui, y los dueños del grupo Schahin y Alberto Yousseff, líder de la red corrupta en Petrobras, además maniobró para obstruir las investigaciones de la comisión parlamentaria de investigación de Petrobras.
Por último, Cunha realizó diversas amenazas al diputado del Partido Republicano de Brasil (PRB), Fausto Pinato, quien fue el encargado de realizar el informe en el Consejo de Ética durante el proceso contra Cunha por quiebra del decoro parlamentario al no declarar los 4,2 millones de dólares que poseía en cuatro cuentas bancarias en Suiza, faltando a su juramento como diputado federal.
Quién es Cunha
Cunha, del Partido por el Movimiento Democrático de Brasil, se encuentra imputado por su implicación en el escándalo de corrupción de la Operación Lava Jato.
El Banco Central de Brasil habría presentado evidencias a los investigadores de la Operación sobre supuestas evasiones de divisas de Cunha. Al parecer, tanto el diputado como su esposa, Claudia Cruz, “evitaron durante 14 años el deber de declarar al Banco Central los valores de los bienes o derechos existentes fuera del territorio nacional”, Además, es el principal promotor del pedido de juicio político contra Rousseff.
Cunha sería el tercer político en la línea de mando que podría asumir la Presidencia por detrás del vicepresidente Michel Temer, si se realiza el juicio político a Rousseff.
En caso de viaje oficial al exterior del presidente interino, Cunha habría asumido la Presidencia de la República a pesar de encontrarse imputado por corrupción ante el Supremo, una circunstancia expresamente prohibida por la Constitución Federal, como recordó el partido Red de Sustentabilidad en su denuncia.
CIUDAD CCS

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