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Caracas, 15 Mar. AVN.- El vicepresidente de la República, Aristóbulo
Istúriz, destacó este martes que a través del Estado de Emergencia
Económica, el Ejecutivo Nacional ha promulgado ocho decretos para
proteger al pueblo venezolano y atender la coyuntura que atraviesa el
país.
"Durante la vigencia del decreto hemos dictado ocho decretos que han sido lanzados en el marco del Decreto de Emergencia Económica. Todos han sido implementados y ninguno de ellos ha sido impugnado. Los hemos basado en las circunstancias económicas que atraviesa el país", señaló Istúriz, durante su intervención en la sesión de la Asamblea Nacional (AN).
Recordó que el primer decreto fue el establecimiento de los saldos líquidos y no líquidos causados al cierre del ejercicio económico financiero 2015, que se transferirán al Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional (Fonden) para dar continuidad al impulso de políticas sociales, financiar la recuperación del aparato productivo y demás requerimientos para la defensa del pueblo.
Agregó que la segunda acción obedeció a la creación del Sistema Centralizado y Estandarizado de Compras Públicas, instancia creada para optimizar las compras del Estado.
Otra medida, contemplada en el decreto 2.258, establece que el Ejecutivo nacional, a través de las empresas públicas, ejercerán un derecho especial de preferencia para la adquisición de residuos sólidos, metálicos y chatarra de aluminio, cobre y hierro "a los fines de su transformación para su utilización en obras de construcción y el desarrollo de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV)".
Sostuvo que para con la finalidad de proteger los ingresos del pueblo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, creó la Tarjeta de las Misiones Socialistas "para garantizar el otorgamiento de subsidio para alimentos y salud para atender a familias vulnerables".
"Esta no es sólo una tarjeta sino que orienta un cambio en el tema del subsidio", indicó Istúriz.
Explicó que la quinta medida fue la creación de la Comisión Presidencial de Desarrollo Ecosocialista y Salvaguardia de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la Actividad Minera, que busca aprovechar las potencialidades de los recursos minerales sin lesionar la diversidad biológica de los territorios.
El sexto decreto establece que la cartera de crédito bruta anual y las instituciones bancarias "destinarán 20 % a la consecución de nuevos créditos hipotecarios para la construcción, adquisición, autoconstrucción, mejora y ampliación de viviendas".
Acotó que la séptima medida fue la implementación del Banco de Insumos de la Pequeña y Mediana Industria, destinado a apoyar el suministro de materia prima para evitar la participación de gestores e intermediarios.
Como último punto, mencionó que se decretó el aumento del tope de 1.500 a 3.000 Unidades Tributarias (UT) para pagar el Impuesto sobre la Renta (ISLR), que establece que quienes obtengan una remuneración mensual igual o menor a los 50.000 bolívares sólo deberán declarar anualmente el ISLR.
Añadió que como parte de la Agenda Económica Bolivariana el Ejecutivo ha diseñado una serie de lineamientos económicos para romper con el rentismo petrolero y generar nuevas fuentes de divisas.
Destacó que el Gobierno Bolivariano apuesta a potenciar las exportaciones de productos no tradicionales y la sustitución de importaciones, a través de mecanismos que permitan surtir la materia prima, como el Banco de Insumos.
"Hay que transformar los procesos y en eso se ha venido trabajando", ratificó.
Refirió que para el Ejecutivo es prioritario atender y estimular los sectores agroalimentario y farmacéutico "y por ello se hace un plan para direccionar las divisas".
"Durante la vigencia del decreto hemos dictado ocho decretos que han sido lanzados en el marco del Decreto de Emergencia Económica. Todos han sido implementados y ninguno de ellos ha sido impugnado. Los hemos basado en las circunstancias económicas que atraviesa el país", señaló Istúriz, durante su intervención en la sesión de la Asamblea Nacional (AN).
Recordó que el primer decreto fue el establecimiento de los saldos líquidos y no líquidos causados al cierre del ejercicio económico financiero 2015, que se transferirán al Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional (Fonden) para dar continuidad al impulso de políticas sociales, financiar la recuperación del aparato productivo y demás requerimientos para la defensa del pueblo.
Agregó que la segunda acción obedeció a la creación del Sistema Centralizado y Estandarizado de Compras Públicas, instancia creada para optimizar las compras del Estado.
Otra medida, contemplada en el decreto 2.258, establece que el Ejecutivo nacional, a través de las empresas públicas, ejercerán un derecho especial de preferencia para la adquisición de residuos sólidos, metálicos y chatarra de aluminio, cobre y hierro "a los fines de su transformación para su utilización en obras de construcción y el desarrollo de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV)".
Sostuvo que para con la finalidad de proteger los ingresos del pueblo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, creó la Tarjeta de las Misiones Socialistas "para garantizar el otorgamiento de subsidio para alimentos y salud para atender a familias vulnerables".
"Esta no es sólo una tarjeta sino que orienta un cambio en el tema del subsidio", indicó Istúriz.
Explicó que la quinta medida fue la creación de la Comisión Presidencial de Desarrollo Ecosocialista y Salvaguardia de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la Actividad Minera, que busca aprovechar las potencialidades de los recursos minerales sin lesionar la diversidad biológica de los territorios.
El sexto decreto establece que la cartera de crédito bruta anual y las instituciones bancarias "destinarán 20 % a la consecución de nuevos créditos hipotecarios para la construcción, adquisición, autoconstrucción, mejora y ampliación de viviendas".
Acotó que la séptima medida fue la implementación del Banco de Insumos de la Pequeña y Mediana Industria, destinado a apoyar el suministro de materia prima para evitar la participación de gestores e intermediarios.
Como último punto, mencionó que se decretó el aumento del tope de 1.500 a 3.000 Unidades Tributarias (UT) para pagar el Impuesto sobre la Renta (ISLR), que establece que quienes obtengan una remuneración mensual igual o menor a los 50.000 bolívares sólo deberán declarar anualmente el ISLR.
Añadió que como parte de la Agenda Económica Bolivariana el Ejecutivo ha diseñado una serie de lineamientos económicos para romper con el rentismo petrolero y generar nuevas fuentes de divisas.
Destacó que el Gobierno Bolivariano apuesta a potenciar las exportaciones de productos no tradicionales y la sustitución de importaciones, a través de mecanismos que permitan surtir la materia prima, como el Banco de Insumos.
"Hay que transformar los procesos y en eso se ha venido trabajando", ratificó.
Refirió que para el Ejecutivo es prioritario atender y estimular los sectores agroalimentario y farmacéutico "y por ello se hace un plan para direccionar las divisas".