En momentos que las amenazas arrecian contra los principales líderes Indígenas del norte del Cauca que encabezan la denominada minga para desalojar de actores armados sus territorios, esta semana se anuncia una nueva movilización.
La movilización busca que antes del 10 de agosto se puedan reunir con los principales voceros del gobierno como los ministros del Interior y de Defensa para la segunda ronda de conversaciones que permitan poner fin a la crisis de orden público del norte del Cauca.
Mientras se busca reanudar este proceso, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca denunció que este sábado cuando realizaba el seminario preparatorio al Congreso por la Paz, en el municipio de Caloto, se conoció por informaciones de las autoridades indígenas la orden expresa de dar muerte a dos líderes indígenas por parte del grupo paramilitar Águilas Negras que opera en la zona.
Las personas amenazadas son Feliciano Valencia Medina, vocero político de la Asociación de Cabildos Indígenas ACIN, y Luis Acosta, líder y miembro de la Guardia Indígena, quien posee medidas de protección adoptadas por el Ministerio del Interior y quienes han venido participando de las acciones realizadas en cumplimiento del mandato por la Defensa de la Autonomía Territorial y el Derecho a la Paz.
La dirigencia indígena atribuye estas amenazas a lo que ellos llaman campaña mediática y de algunos funcionarios del Gobierno Nacional, de desprestigio y estigmatización de las acciones de movilización en defensa del territorio realizadas por las comunidades indígenas organizadas. Igualmente, por los señalamientos de organizaciones como la OPIC, (Organización Pluricultural de Pueblos Indígenas), creadas y agenciadas por el Gobierno que han sindicado a la organización y señalado al líder indígena Feliciano Valencia como perteneciente a la guerrilla.
Luis Acosta, líder de la Guardia Indígena, es quien aparece en las imágenes de televisión esgrimiendo un machete contra uno de los soldados que estaban siendo desalojados de una de las bases militares en el norte del Cauca.
La comunidad indígena pidió al Gobierno desarrollar todas las acciones tendientes a proteger la vida de las personas amenazadas así como las que hacen parte del proceso organizativo indígena en cumplimiento de las medidas cautelares individuales y colectivas decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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